México, DF.-La diputada Olga Catalán Padilla propuso modificaciones a la Ley de Asistencia Social, para prohibir que cónyuges o parientes consanguíneos, hasta en cuarto grado por afinidad o civiles, del Ejecutivo, secretarios o subsecretarios de Estado, puedan fungir como director general o integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El director general del DIF tendrá que ser ciudadano mexicano, mayor de 30 años de edad, con título expedido por la SEP.
El aspirante deberá haber cursado alguna carrera administrativa y tener experiencia probada en asistencia social.
La designación y, en su caso, remoción será facultad del presidente de la República.
De aprobarse la iniciativa, los integrantes del consejo tendrán que cumplir con las mismas características de quien funja como director.
Es importante mencionar que no percibirán retribución o compensación alguna y serán seleccionados entre los sectores público y privado.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia fue creado en enero de 1977 con el objetivo de dictar las normas y coordinar los esfuerzos públicos y privados en materia de asistencia social, considerada una responsabilidad del Estado.
“Durante largo tiempo, el DIF ha formado parte esencial de la actividad gubernamental y social del país, pero también hemos sido testigos de que ha derivado su actuar hacia terrenos sociopolíticos laterales y no siempre coincidentes con los grandes problemas nacionales…es visto por la mayoría de los gobernantes como un incómodo compromiso con los sectores sociales que no corresponden con las pautas sociales hegemónicas, destinado a las cónyuges de los gobernantes, quienes, no nos engañemos, disponen de recursos públicos a pesar de actuar al amparo de cargos honorarios”, argumentó Catalán Padilla.
En el recinto de San Lázaro, la legisladora del PRD dijo que tradicionalmente el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF es presidido por el cónyuge del gobernante en turno, lo que a juicio de la diputada federal, permite el acceso a millones de pesos del erario público a personas que carecen de preparación, perfil y motivación adecuada.
“Se requiere profesionalizar la alta dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con el objeto de mejorar los arreglos institucionales existentes, hacer respetar los principios, normas, procedimientos, estrategias y prácticas administrativas para el logro de una función pública profesional y eficaz, en beneficio del funcionamiento de la organización y la administración eficiente, eficaz, responsable y transparente del presupuesto que se le asigna a dicho organismo”, explicó la legisladora mexiquense.
El DIF ofrece servicio de asistencia jurídica y orientación social a niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, madres adolescentes y solteras, indigentes, indígenas, y quienes no puedan plenamente ejercer sus derechos.
